El Congreso da luz verde a la licencia única

consejo ministrosEl pleno del Congreso acaba de aprobar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado a través de la que se da luz verde a la licencia única.

De esta manera los trámites administrativos para crear una empresa se verán reducidos de forma considerable al evitar realizar los mismos procedimientos administrativos en cada comunidad de forma que una empresa que tenga la autorización para operar en una comunidad autónoma podrá hacerlo en el resto de España.

Hasta ahora, si una empresa quería operar en toda España se veían obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o pedir hasta 17 licencias para ofrecer un servicio en España.

Las empresas que ya estén en diferentes comunidades autónomas deberán elegir la normativa y autoridad autonómica a la que prefieren someterse. Además, la normativa ha aprueba también la concesión de la licencia exprés a los locales de hasta 750 metros cuadrados.

Por lo demás, el resto de modificaciones del proyecto de ley correcciones de errores o de carácter técnico, para matizar aspectos como que si las comunidades no logran acordar el formato común de intercambio de información será el Ministerio de Hacienda el que tenga la última palabra o que el plazo máximo para que se produzcan estos intercambios será de seis meses desde la entrada en vigor de la norma.

Esta ley se ha tramitado por la vía de urgencia y sólo está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor. Desde el Gobierno defienden su aprobación al suponer el incremento de un 1,52 por ciento del PIB en diez años por la actividad económica que generará, lo que se traducirá en unos 1.500 millones anuales.

El gobierno aprueba la licencia exprés para locales comerciales de menos de 300 metros cuadrados

Una de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 25 de mayo, ha sido el Decreto Ley de Liberalización del Comercio, que modifica sustancialmente el procedimiento de apertura de locales comerciales, en principio para aquellos menores de 300 metros cuadrados de superficie y referido a unas determinadas actividades.

Soraya Saénz de SantamaríaLa encargada de presentar las medidas en la posterior rueda de prensa fue la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, que indicó respecto a éstas que buscaban “cambiar la cultura administrativa, liberalizar el comercio, simplificar los procedimientos, agilizar los trámites y acabar con la burocracia”, haciendo además una especial mención al apoyo a los emprendedores.
Así mismo, Santamaría se refirió al decreto como un mínimo común denominador, dejando la posibilidad para que las comunidades amplíen sus límites, aunque en cualquier caso serán revisados por el Gobierno con la supervisión de la implantación y la generalización de este nuevo sistema que podría aplicarse a locales de mayor superficie en el futuro.

En realidad, no se trata de abrir sin licencia, ni es aplicable a todas las actividades: con el nuevo sistema, el empresario presentará en el correspondiente ayuntamiento una Declaración Responsable en la que se reconocerá el cumplimiento de la normativa correspondiente, que irá acompañada de un Informe Técnico realizado por un arquitecto colegiado con objeto de requerir el visado, y con éste y con el pago de las correspondientes tasas, el empresario o emprendedor, estará habilitado para abrir al día siguiente si su negocio se encuentra entre las actividades previstas y la superficie es inferior a los 300 metros cuadrados.

Hasta el momento, la espera por la licencia municipal para la apertura, que en muchos casos superaba el año de plazo para su otorgamiento, obligaba a mantener cerrado el establecimiento soportando la mayoría de las veces los costes de arrendamiento del local, o los del propio acondicionamiento del mismo sin poder empezar a generar ingresos. Aunque con este sistema la apertura se adelanta, obviamente no exime al empresario de cumplir con los requisitos legales y normativos, y en la visita de los inspectores se cerciorarán de tal cumplimiento pudiendo llegar a ordenar el cierre del establecimiento si éstos no se cumplen.

Respecto a las actividades, y basándose en la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE), se determina el ámbito de aplicación de esta norma para el comercio minorista, encontrándose entre estos los establecimientos de alimentación, fruterías, carnicerías, pollerías, charcuterías, pescaderías, panaderías, pastelerías, heladerías, tiendas de caramelos, bodegas y autoservicios de alimentación, los comercios de confección y hogar, peleterías, herbolarios y parafarmacias, ópticas, ortopedias, perfumerías, droguerías, equipamiento del hogar, tiendas de muebles, de aparatos electrónicos, ferreterías, de materiales de construcción y saneamiento, tiendas o establecimientos de bricolaje, ventas de automóviles y accesorios, instrumentos musicales, tiendas de antigüedades, librerías, papelerías, jugueterías, joyerías y tiendas de plantas.

Se incluyen además una serie de actividades de servicios y artesanales, como las relacionadas con el calzado y el textil, reparación de ropa y zurcido, peluquerías, estética, belleza, agencias de viajes, actividades de promoción inmobiliaria, servicios de fotocopias y servicios de enmarcación.
Entre las expresamente excluidas, están la hostelería, las ramas sanitarias y de salud, o la seguridad, por ejemplo. Quedan también excluidas las actividades que tengan impacto justificado y proporcionado en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de servicio público.

La medida busca facilitar el inicio y desarrollo en el ámbito del pequeño comercio, establecimientos que en España se cifran en 606.000 y que acumulan un descenso en ventas del 17,5% en los últimos cuatro años, pretendiendo por tanto una mayor agilidad en la apertura y puesta en marcha de los mismos. No faltan sin embargo las voces de alarma, dado que un deficitario control en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos de los nuevos establecimientos, puede dar lugar a una situación de abuso del sistema y situaciones de competencia desleal frente a los ya establecidos legalmente. Las bases están sentadas, ahora la gestión y control, corresponde a las administraciones correspondientes.